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Sábado, 17 de Septiembre de 2011 18:13

Casinos: corrupción desde el poder Destacado

por  Héctor Octavio Carriedo Sáenz
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Durante el sexenio foxista la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y un segmento de empresarios del sector turismo, insistieron en impulsar una nueva ley federal de apuestas, juegos y sorteos permitidos, en la cual se estableciera la posibilidad de autorizar en nuestro país la operación de casinos.

Esa iniciativa no prosperó porque es un tema controversial, tanto en el ámbito del poder legislativo como de la opinión pública nacional, habida cuenta de que suscita sospechas de injerencia de intereses turbios, o claramente del crimen organizado, en el fondeo de las inversiones y la administración de los casinos y casas de juego, al tiempo que se fomentan comportamientos literalmente viciosos, de ocio improductivo y desahorro en la población del país adicta a esa clase de pasatiempos dispendiosos.

Un país con gran porcentaje de su población en condiciones de estrechez económica, como el nuestro, no puede darse el lujo de fomentar esa clase de vicios y despilfarros, para beneficio de unos cuantos empresarios o inversionistas ventajosos.

Seis años después de que la iniciativa de legisladores del PAN fuera congelada, la epidemia de ludopatía y la ola incontenible de inseguridad en ciudades invadidas por los casinos (como Monterrey), confirman el por qué nunca se aprobó una nueva ley en la materia, sin embargo con ley o sin ella la Secretaría de Gobernación ha vendido autorizando permisos y concesiones de casinos y antros de vicio en condiciones poco claras.

Desde el punto de vista económico, con la autorización de concesiones a particulares para operar casinos o casas de apuesta y tragamonedas, estamos en presencia de fuentes de rentas cuasimonopólicas, es decir privilegios exclusivos otorgados a una empresa o particular para operar negocios altamente rentables y con escasa competencia en los ámbitos regionales donde se autorizan, discriminando a la mayor parte de los inversionistas que no podrán participar en ese negocio por no contar con la influencia política necesaria para obtener una concesión de esta naturaleza.

En confirmación de ese dicho véase el reportaje de Jesusa Cervantes y Álvaro Delgado en el semanario Proceso Núm. 1819 (12 de septiembre): “El Zar de los Casinos: una historia siniestra”, donde se habla de los nexos de un tal Juan José Rojas Cardona con miembros prominentes del PAN, no sólo el alcalde Larrazábal sino además el propio Gustavo Madero y Rodolfo Dorador, entre otros.

Consúltese además el editorial de la revista Siempre! (10-sept-2011) “Gobierno de droga, ruleta y especulación con petróleo”, que hace alusión a un cable de Wikileaks donde se dice que “el “zar de los casinos”, Juan José Rojas Cardona, pagó 2.5 millones de dólares para la campaña de cada uno de los ex alcaldes panistas Adalberto Madero y Zeferino Salgado, poniendo en evidencia que los centros de juego son protegidos por el panismo y el gobierno federal.

Desde el enfoque del Estado de Derecho, para que se autoricen casinos se requieren regulaciones certeras y autoridades inequívocas, eficientes e impolutas, a efecto de administrar los procesos de concesión, pero nos preguntamos ¿Qué es lo que ha sucedido en realidad?

Las citas del referido editorial de Siempre! no tienen desperdicio: “Así lo confirman quienes tuvieron que ir alguna vez a  Bucareli a tramitar la apertura de uno o más casinos. “No se vaya a creer que es fácil. Primero lo pasan a uno con un funcionario, luego con otro y otro más, hasta que el tercero o cuarto te invita a conversar en privado para decirte: «Le podemos entregar una licencia con tres condiciones. La primera, que nos pague una comisión. La segunda, que acepte a un socio con el que comparta el 50% de las acciones y la tercera que el nombre de ese socio no aparezca en los documentos».”

Se ha sugerido que, operando de esa manera, el ex director general adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Correa Méndez, benefició al dueño del Casino Royale con 41 centros de juego un día antes de que renunciara al cargo el 11 de junio de 2009.

El clima de inseguridad prevaleciente, debido tanto a las disputas entre cárteles del crimen organizado, como a un desafío explícito de esas bandas a las instituciones del Estado, constituyen otra advertencia para contener y cancelar ese tipo de iniciativas, pero obviamente si procedieron cientos de permisos otorgados en un marco de opacidad por la Secretaría de Gobernación pues son un gran negocio para miembros corruptos de la clase política panista.

En el año 2005 la alianza Televisa-Creel, establecida en sórdidas condiciones y yendo de por medio intereses inconfesables, fue sólo la punta del iceberg y una evidencia más de la penetración de redes privadas de financiamiento dudoso y grupos de interés extrapolítico en las campañas de los precandidatos del PAN, pero este cáncer nunca se detuvo sino por el contrario avanzó mucho más con las nefastas consecuencias a la vista de todos.

Aunque se afirme que los casinos conllevan inversiones por varios millones de dólares, lo cierto es que se han acompañado de un elevado costo social, jurídico e institucional, por lo que no se justifican ni el costo social ni el riesgo para la población en general asociados a la proliferación de esa clase de negocios en la nación.

No faltan defensores oficiosos y oficiales de este tipo de negocios basados en concesiones a empresarios protegidos por el poder político.

A fin de cuentas, los antros de juego y apuestas no dejan de ser jugosos negocios para el lavado de dinero, con lucro inmoderado, a efecto de estafar incautos y ludópatas; en suma se trata de concesiones obtenidas, aunque parezca una perogrullada, mediante tráfico de influencia de actores políticos panistas y sobornos a servidores públicos desleales del Estado mexicano. Red de corrupción tejida por panistas para panistas. Finísimas personas…

Ultima modificacion el Viernes, 30 de Septiembre de 2011 12:01

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