Lunes, 03 de Octubre de 2011 12:10

Reglamento de Radio y Televisión: Los plazos del Tribunal

por  Luis Miguel Carriedo
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Pantallas y presiones. Pantallas y presiones. IFE

El 14 de septiembre una sesión programada para celebrarse por la mañana se pospuso para la tarde. Entre reuniones privadas y debates de último momento, ese plazo diferido concluyó a unas horas de que iniciara el puente vacacional de las fiestas patrias. La sesión formal comenzó a las 6 de la tarde y en ella los 7 magistrados(a) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidieron, por unanimidad, revocar el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral aprobado por el Consejo General del IFE el 27 de junio.

 

Dos asuntos habían desatado cientos de impugnaciones contra ese reglamento y críticas en pantallas y micrófonos de las empresas de Comunicación agrupadas en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión: 1. La reducción de 5 a 2 y 3  días hábiles para el plazo que transcurre, entre la entrega de spots electorales a una emisora, y el momento en que ésta los pone al aire; y 2. El reconocimiento de características y condiciones especiales para que emisoras comunitarias, que son operadas por voluntarios, no comercializan espacios y no cuentan con techo presupuestal público, puedan cumplir con los pautados del IFE que establece la ley. En el primer caso, la CIRT afirma que es “imposible” técnicamente cumplir con la reducción de plazos y en el segundo, que el IFE está legalizando a “radios pirata”, creando una figura para definir emisoras (“medios comunitarios” o “permisionarios privados sin fines de lucro”) que para ellos no existen.

Hablando de plazos, otras sentencias polémicas, relacionadas con debates de alta tensión entre el instituto y las empresas mediáticas, han sido discutidas por la sala superior del Tribunal en puentes vacacionales o días festivos, cuando hay poca atención a noticiarios y primeras planas. Seguramente se trata de una coincidencia. Así ocurrió en 2010 con la decisión en torno a los “bloqueos” de señales por parte de estaciones de radio y canales de televisión que cubrían la elección de Coahuila, cuando se fijó como criterio que todas las repetidoras de las llamadas “redes nacionales”, no podrían estar exentas de difundir promocionales para contiendas locales y debían, como concesiones y permisos independientes, “bloquear” cualquier  tipo de propaganda gubernamental que vinera desde una señal del DF, debido a la prohibición a difundirla en el ámbito de cobertura de la repetidora que se vea o escuche en la entidad donde haya periodo de campaña.

Aquella sentencia se agendó para la víspera navideña de 2010 (se votó y discutió en sesión “pública” un 24 de diciembre, aunque hay que decir que entonces la sala superior se pronunció en contra de lo que podríamos calificar como “el interés” de las televisoras). Algo similar pasó con la primer multa de gran impacto impuesta por el IFE a Televisión Azteca, empresa que había incumplido todos los spots pautados al arranque de las nuevas reglas comiciales, negándose incluso a recibirlos físicamente. El Tribunal también votó esa otra sentencia en ambiente decembrino de 2008 (ahí favoreció a la empresa pidiendo que se reindividualizara la multa tomando como atenuante que no había elección en curso cuando la televisora se aferraba a no difundir ni recibir ni siquiera un spot político correspondiente a periodos ordinarios no  electorales). No fue en noche buena esa vez, sino en plena navidad, un 25 de diciembre.

Esos son los plazos que han elegido los magistrados (a) para resolver asuntos relevantes, algunos a favor y otros en contra de las empresas concesionarias, y tal vez no sean síntomas de miedo, sumisión o de todo eso que algunos hemos dicho en los últimos días. Es probable que se trate de pura casualidad el hecho habitual de sentencias que no entran al fondo de muchos asuntos polémicos relacionados con las televisoras, o la tendencia a regresar sanciones y partes de acuerdos una y otra vez al IFE, para ajustes procedimentales y de forma, no sustantivos (por ejemplo, es común que el Tribunal pida “fundar y motivar” más, es decir, ponerle más artículos legales de referencia a un acuerdo y abundar en explicaciones o considerandos), o la poca frecuencia con la que el Tribunal asume plenitud de jurisdicción para decir qué no le parece en el fondo de algún asunto y cómo debe quedar en definitiva una multa, acuerdo o reglamento sin devolverlo al IFE. No puede ser ajena a los magistrados la relevancia y complejidad que implica reabrir, por cuestiones de forma, presiones y debates que en ocasiones parecieran interminables.

A lo mejor es normal agendar este tipo de asuntos en navidad y puentes patrios debido a la vocación comprometida con el trabajo sin descanso de los magistrados (usted saque sus conclusiones), y sin duda es facultad legal del Tribunal hacerlo y debe acatarse siempre, eso es cierto.

Es cierto también que cada sentencia debe analizarse en sus méritos, y precisamente por eso, hay que decir que la votada unánimemente el 14 de septiembre, destaca no sólo por la fecha patria en que se presentó, sino porque desde que fue aprobada la reforma electoral de 2007-2008, un Reglamento del IFE nunca había sido revocado en su totalidad por supuestos o flagrantes errores de procedimiento o motivación relacionados con un numeral, de un artículo. Así, esta sentencia ha inaugurado un precedente extraño: por un numeral de un artículo que se considere no motivado técnicamente de forma suficiente, se puede derribar todo un cuerpo normativo sin argumentar las razones que hacen insolventes todos sus demás numerales y artículos.

El nuevo Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral aprobado el 27 de junio y revocado completo por los magistrados (a), consta de 59 artículos y 8 transitorios. Respondía a una necesidad que sigue vigente: por un lado,  integrar en un mismo instrumento normativo todos los lineamientos, acuerdos y criterios del Consejo General del IFE, de su Comité de Radio y Televisión y del propio Tribunal que se generaron de 2008 a la fecha y se encontraban dispersos, en algunos casos incoherentes entre sí.

Por ejemplo, el acuerdo para autocorrección de promocionales omitidos que abre un tiempo breve para que los medios puedan justificar y reponer lo no transmitido (cuando hay desastres naturales o huelgas en una emisora por ejemplo) se contrapone a los tiempos reglamentarios para requerir de inmediato (en 12 horas) e iniciar todo el protocolo de un procedimiento sancionador al detectarse la omisión de cualquier spot, también existen reglas separadas donde encontramos, por poner otro ejemplo, criterios para pautar ciclos acumulados de tiempo para programas de 5 minutos en emisoras permisionadas (donde los tiempos oficiales son menos de 3 minutos y medio al día, y los legisladores, como aquella canción de “mira bartola”, pidieron que de esos 3 minutos se asignaran 5 a programas mensuales de partidos en época no electoral y de lo que sobrara se repartieran spots…).

También podríamos mencionar los criterios especiales para pautar transmisiones con duración mayor a una hora sin cortes y para pautar emisoras que transmiten menos de 16 horas, los lineamientos para que las autoridades electorales locales y federales soliciten tiempos en radio y televisión al IFE, los criterios para asignar catálogos de cobertura con emisoras de zonas conurbadas que atienden simultáneamente hasta 3 elecciones, la atención especial a radios comunitarias o los protocolos de traducción para spots destinados a emisoras que transmiten en idiomas distintos al nacional, particularmente en zonas fronterizas, etcétera, etcétera, etcétera.

Nada de eso le mereció algún comentario al Tribunal, ni importó la proximidad que existe para el arranque formal del proceso electoral federal 2011-2012. Todo el Reglamento, que había sido modificado hasta en el nombre (antes era de “acceso” a radio y televisión), pareciera -a juicio de los magistrados y la magistrada- estar atado al numeral 5 del artículo 39, que dice (o decía, porque ya lo dejaron sin efecto):

“Desde el inicio de la precampaña y hasta el día de la jornada electoral, los concesionarios y permisionarios podrán recibir las órdenes de transmisión y los materiales de radio y televisión vía electrónica,  recepción satelital o en su domicilio. El periodo en que las órdenes de transmisión y los materiales serán puestos a su disposición o entregados vía electrónica o satelital será de 3 días hábiles previos al inicio de su transmisión.  La entrega en el domicilio del concesionario o permisionario se realizará al menos 2 días hábiles previos al inicio de su transmisión”.

 

Venga la sentencia…

El Tribunal, en síntesis, dijo en la sentencia SUP-RAP 146/2011, así como en las reflexiones de la sesión en que fue aprobada, que el IFE sí tiene facultades para hacer un reglamento de radio y televisión (la CIRT afirmaba lo contrario en su impugnación), pero que para determinar una regla general aplicable a más de 2 mil emisoras en cuanto a la velocidad para el cambio de materiales (los “plazos” famosos), debió justificar mejor a través de estudios técnicos y consultas a medios y especialistas que dieran un “tiempo razonable” -a los regulados- para presentar sus opiniones, que esas opiniones no serían vinculantes pero que el IFE, debe explicar las razones por las que no las atiende, si es el caso.

El Tribunal, a diferencia de lo que hace habitualmente, no ordenó la reposición del procedimiento ni dio un plazo para acatar su sentencia. Sólo revocó todo y dijo que se quedaba vigente el Reglamento aprobado el 10 de julio de 2008, pero que en caso de que el IFE decidiera hacer uno nuevo  tendría que ser a través de consultas a agrupaciones de concesionarios y permisionarios, así como a especialistas.

“La modificación del plazo merecía una justificación razonable”, dice en la página 129 de la sentencia, donde también se lee algo verdaderamente inusual, porque el Tribunal nos dice: “en caso de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinara emitir un nuevo Reglamento, deberá motivarlo teniendo en consideración la realización de un diagnóstico de factibilidad a partir de los propios datos con los que cuenta la autoridad responsable y que forman parte de la experiencia documentada del propio Instituto”.

Las impugnaciones a todos los demás reglamentos, incluido el de Radio y Televisión de 2008, jamás habían merecido un “si quiere modifíquelo, si no pues no”. En sentencias similares lo común es que los magistrados den al IFE plazos –hablando de- concretos para que en “24 horas”, “15 días naturales”, “en un tiempo razonable” o de manera “inmediata”, se realicen los ajustes y se expida con ellos la norma reglamentaria que revisaron y revocaron. Ahora le dan oportunidad al IFE de ya no hacerlo y quedarse con el Reglamento anterior, y sólo “en caso de que” el Consejo así lo determine, que reponga lo que a juicio de los magistrados estuvo mal, aunque se trate de un procedimiento que no se aplicó en los términos expuestos por la sentencia para el reglamento de 2008 que los magistrados dejaron vigente.

Hay casos recientes de impugnaciones a reglamentos, por ejemplo las que se hicieron al de quejas y denuncias que se aprobó el 23 de junio (4 días antes que el de Radio y Televisión), en donde los magistrados incluso han enviado al IFE la redacción que se debe poner en las porciones normativas que considera inapropiadas a raíz de alguna impugnación. No fue el caso.

En la página 9 de la sentencia, el Tribunal reconoce que una radiodifusora comunitaria, radio Tepoztlán, presentó un escrito en su calidad de tercero interesado, cumpliendo con los requisitos para que sus argumentos fueran escuchados, y con la lógica que la propia sentencia, en su caso no atendidos pero siempre con una justificación. Los magistrados nos dan esa justificación en la página 131: “se torna innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad, así como el pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las partes”. Así, por un numeral, de un artículo, que según los magistrados no se consultó ni motivó con ciertas formalidades, todo lo demás ni siquiera merece un comentario. Cero.

Los plazos vigentes

El artículo 46 del reglamento aprobado el 10 de julio de 2008 (el que dejó vigente el Tribunal), establece que para procesos electorales federales, una vez que el IFE tiene los materiales de los partidos pasan varios días hábiles para su transmisión efectiva, porque: 1. Los spots que se pautan en emisoras del DF deben entregarse al IFE con al menos 8 días hábiles de anticipación a la fecha en que deba iniciar su transmisión (3 días ocupa el IFE en revisar su calidad técnica y entregarlos a los medios, y éstos a su vez ocupan 5 días para ponerlos al aire) y 2. Los spots que se pautan en medios de provincia o repetidores locales, se entregan al IFE con al menos 10 días hábiles de anticipación (5 ocupa el IFE y 5 los medios).

El 22 de junio el Comité de Radio y Televisión aprobó que esos plazos se acortaran para los medios (sin definir lo que el IFE tardaría en darles los spots) a 24 horas si la entrega era a domicilio y a 48 horas si optaban por entrega vía satélite o internet de los materiales (como “incentivo” a cambio de optar por entregas remotas que aligeran costos de envío, se les permitiría tardarse más en difundir lo que recibieran antes). Poco después, el 27 de junio esa propuesta cambió en la mesa de Consejo General y se aprobó que el tiempo fuera 3 días para la entrega remota y 2 para la física.

La base técnica de esa decisión se sustentó en dos argumentos: 1. La experiencia del IFE en cuanto al tiempo promedio que tardaron las emisoras en retirar promocionales del aire cuando se dictaron medidas cautelares, una vez que le fueron notificadas esas medidas (33 horas con 28 minutos, es decir menos de 2 o 3 días) y 2. Las políticas comerciales de las dos principales televisoras, que cita el considerando 83 del acuerdo por el que se expidió el Reglamento hoy revocado por el Tribunal:

“…las Condiciones Generales de Contratación 2011 y las políticas del Plan Comercial 2011, Políticas TV Abierta Nacional, que son publicadas y difundidas por las empresas conocidas como Televisión Azteca y Televisa, respectivamente. En el caso de Televisa, en el documento Plan Comercial 2011, Políticas TV Abierta Nacional, página 3, se prevé como un requisito para la contratación que “el cliente y/o Agencia haya entregado el material con el tiempo de anticipación suficiente para su transmisión (72 hrs antes para televisoras locales y 24 hrs. antes para canales nacionales)”. Por lo que respecta a Televisión Azteca, se prevé en la página 4 de las Condiciones Generales de Contratación 2011, que es posible contratar la difusión de spots entre 0 y 5 días de anticipación mediante un procedimiento llamado “Compra Express Garantizada”…”

Uno de los razonamientos que hicieron los magistrados fue que esas políticas comerciales eran de dos empresas y por lo tanto se requería justificar para las más de 2 mil emisoras (no sólo para dos), toda vez que el reglamento era de aplicación general. En ese aspecto, sea pretexto, nos guste o no, creo que es razonable y atendible lo que dijo el Tribunal.

El problema de fondo radica, en síntesis, en lo siguiente: Los concesionarios no quieren que los tiempos se acorten, y han solicitado que se queden en 5 días hábiles (eso forzosamente implica 7 días por el fin de semana que siempre se cruzará en el camino). Afirman, que tienen complicaciones técnicas, sin embargo, la mayoría de los partidos argumentan que deben acortarse los tiempos para que exista oportunidad de nutrir las campañas con contenidos oportunos, y que las emisoras pueden, como lo hacían cuando se pagaban los promocionales, transmitir desde el mismo día que reciben los materiales.

El Tribunal no se pronunció sobre si son muchos o pocos los días, sólo respecto a lo que a su juicio fueron errores de método y motivación en cuanto a la justificación técnica de la decisión relativa a los plazos.

Los plazos muy largos han generado que los partidos entreguen materiales, por ejemplo, antes de que se realice un debate (caso Puebla en 2010), calculando que exactamente al término de dicho debate empiecen a verse promocionales hablando del triunfo de su candidato ¿Qué pasaría en la elección de 2012 en caso de que por alguna razón se cambiara de última hora uno o dos días la fecha del debate?, pues serían inoportunos los spots entregados y lastimarían a los partidos que hablaran de un debate que ni siquiera se habría realizado aún. Desde luego sería deseable que se esperaran al debate antes de producir spots que le dicen a los ciudadanos, como que lo han visto y lo ganaron contundentemente, aunque eso implicara difundir promocionales días después del citado debate. Un asunto de honestidad con el electorado.

 

Consultar o no consultar

Hacer consultas con especialistas y medios –otro elemento de la sentencia- para fortalecer la motivación que originalmente se basó en los planes comerciales de dos televisoras y en los promedios de plazos que transcurrieron para retirar spots del aire y sustituirlos cuando se dictaron medidas cautelares, también es razonable, incluso, la práctica de pedirle opinión a los regulados me parece natural en una democracia, pero ¿obligatoria o vinculante? No. De ser así, la propia reforma electoral debió revocarse porque no habría sido consultada con los empresarios de la radio y la televisión con la lógica de los magistrados, es decir con las formalidades para consultar que solicita al IFE, ya que no hubo oficios con acuse y anticipación “razonable”, si recordamos que la industria, representada aquella vez por Paty Chapoy, Pedro Feriz, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Sergio Sarmiento, expuso sus puntos de vista críticos a la reforma en la víspera de su aprobación, cuando fueron al senado de la república a regañar a los legisladores reformistas y a exigir un “referéndum por la libertad”, es decir que se sometiera a consulta abierta si se prohibía o no la contratación de spots (para ellos, eso es “la libertad de expresión”). Ese referéndum no se llevó a cabo y no hubo justificación en la exposición de motivos donde se dijeran las razones para no atender dicha propuesta.

Siendo autocríticos, aunque no veo obligación de hacerlo en ninguna ley, sin duda creo que el IFE pudo ser más pulcro y efectivamente consultar formalmente –como ejercicio democrático- la propuesta de plazos que iba a presentar al Consejo General (no una propuesta anterior) con mayor anticipación a los medios regulados, o allegarse, antes de la aprobación del Reglamento –no después- de las opiniones de permisionarios que manifestaron por escrito su compromiso y capacidad para cumplir con los plazos que votó el Consejo General, o elaborar y presentar estudios técnicos como el de la empresa GAINI antes de la aprobación del reglamento y no después, o evitar contradicciones como la de justificar una reducción a dos días hábiles para cambiar spots con una política comercial de Televisión Azteca en donde se dice que esos plazos son de 3 días para sus repetidoras locales (no de dos).

Ahora, primer pregunta ¿sí pueden cumplirse los plazos o no? Yo no tengo duda y hay evidencia de que sí pueden cumplirse y a diferencia de lo que afirman varios integrantes de la CIRT, no creo que requieran 5 días hábiles. No me parece que el fondo sea un debate técnico, cuando menos en lo que respecta a las dos principales televisoras es un debate político, pero eso no justifica errores que sí se cometieron, a mi juicio no suficientes como para revocar todo un reglamento después de casi tres meses de supuestamente ser revisados por el Tribunal. En todo caso se debió revocar el artículo 39 para reponerle esas formalidades que consideran los magistrados deben solventarse, y eso incluye atender casos especiales de radiodifusores pequeños o permisionarios que en realidad pudieran tener alguna complicación técnica, siempre y cuando la acrediten más allá de desplegados y campañas de desprestigo. Escuchar y consultar no implica tomar dictado pero tampoco taparse los oídos o dejar de reconocer errores.

Ahora ¿deben ser plazos super cortos? Creo que cortos, lo suficiente para permitir un flujo de información oportuna, con cambios en la misma semana en que se solicitan, siempre y cuando la agilidad esos cambios no impida al IFE retirar promocionales denigratorios de igual forma oportuna y efectiva (porque que es un mandato legal y constitucional).

Me explico. Uno de los argumentos para defender que los plazos se acorten incluso a 24 horas o a 12, es que así podrá darse una suerte de réplicas o debates ágiles a través de spots. Insisto en que para mí, a la luz de evidencias, sobre todo las principales televisoras sí pueden cambiar los materiales. Sería bueno que esa “agilidad” permitiera presentar propuestas oportunas a los electores, conectadas al contexto cercano y no a los quince días anteriores (como ocurre con el actual reglamento), sin embargo, la experiencia nos dice que los plazos pueden ser utilizados también para campañas denigratorias. Ese debe ser un límite al “dinamismo” en el cambio.

Por ejemplo, un spot político de las contiendas locales 2010 presentaba imágenes de un revólver al que le entraban balas que decían “corrupción” y “violencia” son igual a… y al dispararse el arma podía verse un gran letrero que decía: “¡PAN..G!”. Aquél promocional ameritó medidas cautelares por su presunta violación (más tarde se confirmó) a la regla de no incluir contenidos denigratorios en la propaganda política (que no es lo mismo que cualquier medio de expresión y tiene restricciones razonables que no implican censura previa), otro spot en contra del entonces candidato al gobierno de Puebla decía, sin mayor sustento que una colección de calificativos: “Es un caco, ratero, ladrón… ¡agárrenlo!”, y así varios partidos nos mostraron como sus asesores de campaña siguen en la lógica de 2006. Aunque no fueron inercias denigratorias generalizadas, lo cierto es que se incrementaron notablemente promocionales de este tipo cuando la contienda era por gubernaturas y eso puede replicarse en la elección presidencial.

Los partidos que hicieron esa apuesta denigratoria aprendieron a jugar con los plazos, y entonces programaron en viernes sus spots, para que así se cruzaran dos días inhábiles y duraran por lo menos ese tiempo al aire, además del tiempo que tardara el IFE en dictar medidas cautelares, notificar esas medidas a los medios y finalmente retirar los spots del aire. No creo que eso de “caco, ratero, ladrón… ¡agárrenlo!” o un revolver adjudicando corrupción –así nomás- a un partido sea una reivindicación al debate dinámico de ideas o al sentido original de la reforma electoral en toda su dimensión, al contrario, de abrirse una puerta amplia para este tipo de contenidos sin condiciones para que el IFE los contenga de manera eficaz, podría destruirse una parte toral de esa reforma.

Un informe sobre la colaboración del instituto con las autoridades electorales locales durante las contiendas que renovaron gubernaturas en 2010, muestra que desde que un spot denigratorio salía al aire, pasaron en promedio, para retirarlo vía medidas cautelares, 74 horas con 25 minutos, y en casos complejos en los que se cruzaron fines de semana o se notificaron las medidas en emisoras alejadas, ese tiempo fue mucho mayor.

Lo anterior implica reconocer que si bien en ningún país del mundo los plazos técnicos que tarda en salir al aire un spot luego de que se entrega a un medio son de de 7 días, el mandato constitucional y legal que prohíbe las campañas denigratorias debe atenderse empatando los ritmos con los que se realiza la sustitución de materiales para que exista el “debate ágil” y oportuno (ojalá lo aprovechen los partidos en beneficio de sus potenciales electores) con cambios de versiones por lo menos en la misma semana pero sin que ello derive en un juego de gato y ratón en donde el árbitro esté imposibilitado para retirar spots denigratorios de la forma igualmente ágil y oportuna. De la manera más efectiva posible.

En otras palabras, si un spot tarda dos días en ponerse al aire y el IFE tarda 3 o 4 en retirarlo sin censura previa, pues si el contenido de ese spot es denigratorio, apenas lo baje la autoridad del aire, ya podría estar otro similar desde el día anterior al aire y se daría un cuento de nunca acabar que anularía la eficacia de las medias cautelares, porque así, la “dimensión de la reforma electoral” o el “voto razonado” a partir de una sustitución ágil de spots, en lugar de fomentar el flujo oportuno de información a los electores, abriría canales para que, a partir de plazos más cortos, las campañas denigratorias superaran siempre la capacidad de la autoridad para aplicar el mandato legal y constitucional de retirar del aire propaganda de ese tipo.

Sería francamente lamentable que el ánimo genuino por combatir las mentiras de empresas sobre lo que dicen es “técnicamente imposible” (cumplir el cambio de spots en plazos cortos) acabe defendiendo, sin querer (en algunos casos queriendo), una velocidad que a la larga sea pasaporte no para debate “ágil” de nada, sino para que 2012 tenga un sello similar a 2006, con spots que digan, de manera irresponsable “fulanito mató a su esposa”, o “perenganito protege al Chapo y es un borracho” o “sutanito es un peligro para México y busca nacionalizar la televisión y  prohibir los McDonals”. Los tiempos del Estado mexicano en Radio y Televisión, que el IFE administra y otorga a los partidos, no debiera ser para programar basura como en 2006 o mentir deliberadamente con cargo al erario. Las campañas denigratorias no son el ejercicio de la libre expresión, son estrategias para incidir en percepciones a partir de mentiras, insultos o miedo.

Tienen razón quienes me han señalado que ya no es tiempo de lamentos, sino de entrar al fondo del asunto, hacer la dichosa consulta con seriedad y tolerancia, y apostar por el interés público, argumentos, datos duros y todo ello siempre por encima del interés particular de partidos, publicistas, empresas mediáticas y chicanadas irresponsables en puentes vacacionales.

Epílogo

Si el TEPJF considerara que el Reglamento de Radio y Televisión es una norma fundamental, equiparable a las “leyes” electorales que el artículo 105 de la Constitución sólo permite modificar 90 días antes del arranque del proceso electoral (7 de octubre), estaremos, más allá de las interpretaciones, frente a un hecho: El Tribunal habría tardado casi tres meses en resolver que no resolvería nada respecto al fondo del Reglamento pero que sí lo revocaría completo porque a su juicio el IFE tenía que hacer una consulta para un numeral de un artículo que, a su juicio también, pudo motivarse mejor.

Si esa interpretación respecto al artículo 105 constitucional aparece en la sala superior en una nueva revisión de lo que apruebe el IFE, en verdad sería muy lamentable, porque más allá de si esa visión es legal o no, el Tribunal habría dejado sin posibilidades al IFE de realizar ajustes sin decirlo expresamente siquiera. Sería una conducta chicanera muy penosa e irresponsable.

Ultima modificacion el Lunes, 31 de Octubre de 2011 11:16
Luis Miguel Carriedo

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