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Jueves, 13 de Octubre de 2011 20:27

Para cada ocurrencia un revés Destacado

por  Héctor Octavio Carriedo Sáenz
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Es deber de todo auténtico liberal y demócrata el defender la libertad inalienable de toda “persona humana” (prefiero decir individuo) de manifestar y proponer sus ideas e incluso de criticar y de oponerse al gobierno.

De ahí que esta nota la escribo apegado a la tolerancia y el respeto hacia quienes piensan diferente, aunque a últimas fechas, por lo menos, han estado en el error, independientemente de que se trate de intelectuales, periodistas o actores políticos muy respetables, ilustres e influyentes.

Sin profundizar demasiado, ni “pretender inventar el hilo negro” y aunque parezca una perogrullada: la sociedad civil y política en México es ahora ideológicamente plural, pluriclasista, multicultural, multiétnica, diversa y hasta politeísta.

En la actualidad ya no hay religiones únicas, las ideologías tradicionales de las extremas izquierda y derecha son obsoletas y cada vez más en desuso; los catecismos de buen gobierno se han violentado con frecuencia; el pragmatismo político ha rebasado los principios ideológicos y, en consecuencia, segmentos cuantitativa y cualitativamente importantes de actores políticos y mediáticos tratándose de Política “se mueven” o “se incentivan” más por intereses económicos o de poder, personales y de grupo -ya sea del partido, medio o academia o familia a que pertenecen- que por principios políticos e ideológicos ínclitos e impolutos.

Por eso, durante los últimos 4 años, en el devenir político de la nación hemos observado conductas y pronunciamientos, a mi juicio muchos descabellados, de actores políticos, ciudadanos e intelectuales como los siguientes: 1) Petición de Amparo ante la SCJN en contra de la reforma constitucional (electoral) del 2007; 2) Campaña “ciudadana” (ya que para que sea “legítima” tiene que pasar como “propuesta ciudadana” en contra de la “partidocracia”) para anular el voto en el 2009; 3) Propuesta de reforma política incluyendo, entre otras ocurrencias, el tema de la reelección de legisladores “para que ahora sí rindan cuentas” y, esta semana, 4) La necesidad de un gobierno de coalición.

En el primer caso, muchos ciudadanos consideramos en su momento que fue un acierto la prohibición total para adquirir tiempo en radio y televisión para fines de propaganda electoral, lo cual en ningún caso afecta la libertad de expresión, ya que ésta no consiste en poder comprar espacios en los medios de comunicación y tampoco se garantiza por sí poder comprarlos (esto último sí beneficiaría a los grupos poderosos que cuentan con capacidad económica para contratar tiempos en radio y televisión abierta) .

Más aún la verdadera libertad de expresión se garantizará cuando, desde los poderes públicos, se combata eficazmente la concentración de las concesiones de radio y televisión, mediante la apertura a la competencia, con acciones concretas como la aprobación por parte de COFETEL de por lo menos otras dos cadenas nacionales de televisión abierta y la licitación de más radiodifusoras. Esto lo prometió el presidente Felipe Calderón y por lo visto no cumplirá.

Por ello, ante la ocurrencia de intelectuales “incentivados” por las cadenas de medios electrónicos para las cuales trabajan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en enero de este año el amparo que promovieron para impugnar la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, que guste o no a muchos, sí ha sido eficaz y más equitativa.

Después, en las elecciones intermedias de 2009, tanto intelectuales “progresistas” como otras organizaciones “ciudadanas” de carácter más bien filopanista promovieron el “voto nulo”, arrogándose la representación de todos los ciudadanos “bien nacidos”, y la paternidad de la mayoría de los “avances” de nuestra incipiente democracia que esos preclaros intelectuales y ciudadanos quieren convertir en “directa y participativa” (con propuestas teóricas sin demostración en hechos).

Obviamente su ocurrencia volvió a sufrir un revés: los comicios de 2009 se celebraron normalmente, con escasos votos anulados, y un rotundo triunfo electoral del PRI, poniendo en evidencia a esos ciudadanos e intelectuales muy respetables -pero equivocados- cuya intención era, en última instancia, restarle votos al partido que resultó dominante en dichos comicios (los hechos y los datos duros nuevamente les negaron la razón).

Después en 2010 y lo que va de 2011, lo más granado de la intelectualidad y la academia, analistas políticos y periodistas se pronunciaron de nueva cuenta por la reelección, por ser, entre otras cosas, un mito “revolucionario” (como los “mitos” de la guerra fallida) y “todos los países democráticos la tienen”. Gastaron mucha tinta y debates encendidos. De nuevo la crema y nata de la intelectualidad y la mediocracia sufrieron un revés: la reelección de legisladores no procedió en el paquete aprobado de lo que se ha dado en llamar “reforma política”.

Si bien en el caso de presidentes municipales y delegados políticos si existen argumentos convincentes y viables para pronunciarse a favor de la reelección, no así en el caso de legisladores toda vez que ello en lugar de los supuestos beneficios (profesionalización, independencia de los legisladores con respecto a los partidos políticos y mejor rendición de cuentas) conllevaría mayores perjuicios (permanencia de personeros y cabilderos de intereses creados y poderes fácticos en el poder legislativo, afirmación de tendencias oligárquicas en el Congreso y el abuso de prácticas clientelares y de grupos de interés). La reelección de legisladores, en los hechos, sería un retroceso oligárquico en lugar de un avance democrático.

Ahora también, como reacción a la considerable ventaja en las preferencias electorales rumbo al 2012 tanto del PRI como de Enrique Peña Nieto, otra vez un grupo representativo de connotados intelectuales y políticos experimentados como Manlio Fabio Beltrones y Manuel Camacho Solís se pronuncian en un influyente desplegado aparecido en la prensa nacional esta semana (“Por una Democracia Constitucional”) por un gobierno de coalición en el marco de “un sistema político que haga compatibles las diferencias propias de una democracia y las conductas cooperativas propias de una república...” Argumentan fundamentalmente que “Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban…”.

Se “escucha bien” y es “seductora” –hablando en términos ciudadanos- la propuesta de un gobierno de coalición en el 2012, pero a decir verdad a estas alturas se parece más a una ocurrencia que a una propuesta viable, veamos qué dice el tiempo…

 


 

Ultima modificacion el Martes, 25 de Octubre de 2011 02:22

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