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Viernes, 29 de Junio de 2012 18:19

Video: El lápiz del IFE

No desaparece la marca luego de varios intentos por borrarla. Luis Miguel Carriedo, asesor del IFE, hace una prueba con el polémico lápiz que se utilizará el 1 de julio.

Política. 28-junio-2012. El instrumento para marcar las boletas de votación el próximo domingo ha desatado una intensa polémica en diversos medios de comunicación y cuentas de redes sociales, debido a que, se afirma, se trata de un "lápiz borrable", sugiriendo con ello que podrían alterarse los votos que se depositen en las urnas fácilmente.

El lápiz no está hecho de grafito, sino de una mezcla de arena y cera, lo que hace muy complicado borrarlo, sin embargo, el IFE ya ha expresado que estará permitido llevar plumones o cualquier marcador con el que los ciudadanos decidan ejercer su voto.

Aquí el video comentario de Luis Miguel Carriedo.

Publicado en Política
Miércoles, 27 de Junio de 2012 12:44

El conteo rápido el domingo por la noche

Una vez que cierren las casillas de votación el próximo domingo 1 de julio, los medios de comunicación y por lo menos 28 empresas no tendrán ninguna restricción para informar sobre las tendencias electorales que arrojen sus propios ejercicios demoscópicos. Habrá entonces muchas empresas privadas que darán a conocer una proyección de los resultados electorales a través de encuestas de salida y conteos rápidos la noche del próximo domingo 1 de julio, apenas termine la jornada en el primer segundo de las 20:00 horas. Así lo establece en su artículo 237 del COFIPE.

Los medios no podrán seguir difundiendo encuestas o sondeos con proyecciones de la intención de voto a partir de este jueves 28 de junio, es decir, las mediciones pre-voto, una vez que faltan tres días para que abran las poco más de 143 mil casillas en todo el país no van a darse a conocer hasta que concluya la actividad en todos los centros de votación.

Será hasta ese momento, con todos los votos ya depositados, cuando podrán difundirse estimaciones de los resultados electorales en medios de comunicación que van a proyectar una tendencia de lo que ocurrió en las urnas. No es indebido que lo hagan medios y encuestadores, pero el previsible flujo de conteos rápidos y exit poolls con resultados que se van a exponer masivamente, debatirse, twittearse, retwittearse, repetirse una y otra vez en comentarios de analistas radiofónicos y televisivos y quizá desfilar en casas de campaña y discursos de candidatos, obligan al IFE a no dejar un vacío institucional como ocurrió en 2006.

Los resultados de encuestas de salida privadas no siempre coinciden entre sí porque se construyen con metodologías que incluyen cuestionarios, tamaños de muestra e intereses diversos y algunas son contratadas por los políticos involucrados en la competencia, sobre todo estas últimas, digamos que tienen márgenes “científicos” muy amplios de error.

No son todos, pero sí hay muchos estudios demoscópicos se utilizan como estrategia de propaganda, lo que puede concluirse si contrastamos los resultados de las elecciones que tuvieron márgenes desproporcionados e incluso contradictorios con las tendencias que daban como científicas varias casas encuestadoras días antes de la elección respectiva o al cierre de casillas. Ahí está Puebla, Michoacán, Durango y Oaxaca, tan solo por mencionar algunos ejemplos de franca contradicción entre lo que se proyectaba y lo que realmente se votó. O mintieron los encuestados, o mintieron las encuestadoras.

Sin entrar a fondo en este tema, es evidente que sería irresponsable por parte del IFE dar un paso al costado cediendo a empresas particulares la vocería de las tendencias electorales sin una fuente oficial con la que se pueda contrastar. Un ejercicio propio del IFE, como el conteo rápido permitirá conocer un corte de resultados de manera oportuna, aclarando que nunca será definitiva una tendencia muestral el mismo día de la elección, porque existen plazos legales para el cómputo en los distritos, eventuales recuentos e impugnaciones. Un conteo rápido o “encuesta nacional” como ahora le llama el IFE no declara ganador ni perdedor oficial, sólo refleja una proyección científica, construida con una metodología que conocen los partidos políticos antes de ser aplicada y que mostrará lo que ha quedado plasmado en una muestra representativa de las actas donde se asientan resultados en cada casilla. Esa muestra será mucho más precisa que la de empresas privadas, porque incluirá más de 7 mil casillas, a diferencia de la que utilizan las empresas encuestadoras que proyectan a partir de unas 1000 o 1,500 actas de casilla. Una tendencia oficial que nos dirá cuál es el estado de las cosas, en las actas pegadas en las casillas, la noche de la elección, no semanas después y no después de casi 30 empresas privadas y cientos de medios de comunicación.

Insisto, ningún ejercicio muestral declara ganadores o perdedores, no lo hará el del IFE como tampoco lo hacen los sondeos, encuestas de salida o conteos rápidos privados. Ni siquiera el PREP que es censal o los cómputos oficiales de votos que se realizan en los 300 distritos electorales el miércoles siguiente a la jornada son definitivos, porque existe un periodo de impugnaciones en donde pueden darse movimientos o ajustes en algunas cifras de votación.

Habrá un ganador(a) sólo hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, semanas después de la jornada califique la validez de la elección y desahogue impugnaciones. No antes. Esperar hasta ese momento sin poner sobre la mesa una muestra científica que provenga de la autoridad sería repetir un grave error.

La pifia y reversa del TEPJF

El 14 de marzo el Consejo General del IFE aprobó el Acuerdo por el que se ordenaba la realización del “Conteo rápido” y la creación de su Comité Técnico Asesor, integrado por expertos en el diseño científico de la metodología para el ejercicio.

El TEPJF primero revocó ese acuerdo el 5 de mayo, argumentando, por ejemplo, que el PREP “ya existe” y que “persigue idéntico propósito” al del conteo rápido, lo cual no es preciso (eufemismo que me evita decirle disparate), porque el PREP es un sistema de resultados censal, pero no permite una fotografía de la tendencia global de votación al ir mostrando, minuto a minuto, en tiempo real, el comportamiento de la captura de resultados, ya que dependiendo de cuales se capturen primero, las cifras pueden favorecer indistintamente a quien tenga una votación mayor en un grupo de casillas que se capturan y eso no proyecta una tendencia general precisa hasta que se termina de capturar todo.

Dos días después de la decisión que tomaron los magistrados presentes en la sesión, y luego de una discusión pública intensa, la Sala Superior envió una “nota informativa” a los medios de comunicación para rectificar o “aclarar” los alcances de lo que aprobaron, en una modalidad sui géneris de lo que en el argot de los abogados se conoce como “aclaración de sentencia”. En dicho comunicado, el Tribunal dijo: “La sentencia de la Sala Superior únicamente puso de manifiesto un aspecto en el acuerdo que debía subsanarse, pero en ningún momento limitó y restringió la facultad reglamentaria del Consejo General del IFE”.

El aspecto a subsanarse, según la aclaración-boletín, sería que los “métodos para la selección de las casillas que servirán de base para el conteo rápido”, se detallaran más, porque como las casillas “serían elegidas de forma aleatoria” , pues “la Sala Superior determinó que este aspecto debe reorientarse, para definir de manera precisa y clara el método para seleccionar las casillas materia de la muestra por el Comité Técnico Asesor que se determina integrar en el acuerdo, cuando se emitan las normas atinentes, con el propósito de generar certidumbre en su confección”.

Los magistrados metieron reversa a su pifia y eso es bueno. Sin duda su comunicado contrasta con un párrafo elocuente de la sentencia, en donde la Sala Superior habla de una supuesta falta de certeza que implicaría el conteo rápido, de una supuesta confusión que podría generar (sin explicar a qué se refiere) y de la existencia del PREP como sustituto del conteo rápido, sugiriendo que con ese método se proporcionan resultados y no con un conteo rápido. Dice la sentencia: “la técnica del conteo rápido podría propiciar falta de certeza y objetividad en la obtención del resultado de dicha elección, además de que al ya existir otro método establecido en la ley para proporcionar información preliminar del resultado de la elección, podría generar confusión en el electorado”. A pesar de la cita, el Tribunal informó que sí es legal un nuevo acuerdo para el conteo rápido y el IFE volvió a aprobarlo llamando ahora “Encuesta Nacional” a lo que sigue siendo, un conteo rápido que tomará una muestra representativa de más de 7 mil actas.

El conteo rápido es un instrumento muestral que permite conocer con muy poco margen de error tendencias finales de votación al término de la jornada electoral, a diferencia de las encuestas de salida o los sondeos de opinión, porque el conteo se basa en actas y no en lo que responde un encuestado al salir de la casilla.

En las encuestas de salida (exit poll), el encuestado puede dar una respuesta que no corresponda a lo que en realidad hizo al votar (por miedo o cautela), mientras que en los conteos rápidos la muestra se basa en actas, es decir en los votos. En ambos casos se proyecta una tendencia estadística con cierto grado de precisión, pero esa precisión es altísima en un conteo rápido.

Es decir, una encuesta de salida también es muestral, pero ahí el encuestador pregunta el sentido del voto a un determinado número de ciudadanos cuando van saliendo de las casillas y así se proyecta la tendencia general, mientras que el conteo rápido toma una muestra de actas y proyecta, sobre resultados, dicha tendencia. El sondeo implica preguntas aleatorias y por lo tanto no tiene precisión estadística y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que es censal, va arrojando datos conforme se capturan, por lo que no puede ser referente para proyectar una tendencia general hasta que termina toda la captura.

No hay vuelta de hoja, guardarse los resultados de un conteo rápido oficial, provocaría incertidumbre igual que en 2006 y conteos rápidos privados desfilando sin fuente de contraste. La noche del 2 de julio nos iremos a dormir con información, con el corte de caja de una larga jornada.

*Asesor en el IFE, sus opiniones son a título personal.

Publicado en Política

 

En la primera entrega sobre este asunto expuse un paquete de reflexiones sobre el modelo de promocionales cortos -los famosos spots-, diseñados con lógica publicitaria y utilizados por partidos y candidatos en cada proceso electoral, como un importante vehículo para obtener el voto de los ciudadanos. El meollo del asunto, decíamos, es que ese formato promueve un tratamiento de las opciones políticas en competencia similar al de posicionar marcas o vender papas fritas.

 

No acudo a la descalificación fácil de “la política”, así en genérico. Yo creo en el sistema de partidos y así como lamento sus acciones en muchos temas, también conozco propuestas serias de algunos, por ejemplo, veo estatutos en los que se reivindica la equidad de género y se abre la puerta para acciones afirmativas que obligan a representar a indígenas y jóvenes en sus candidaturas, veo también decisiones históricas en el terreno legislativo como la propia reforma electoral que extirpó en buena medida la privatización del acceso a radio y televisión en los comicios, aunque nada de eso lo infiero como postura o propuesta a partir de  lo que difunden los partidos en sus spots de campaña.

 

No se trata de buscar un modelo de promocionales sólo con “propuestas”, posturas y logros. En democracia la crítica y exhibición de conductas inmorales o ineficaces de los gobiernos y representantes populares permite también evaluar el rumbo, sin que eso sea equiparable al montaje de escarnios injustificados, o denigración y calumnia calculada no en función de brindar información real, sino de dañar la imagen del adversario a cualquier costo, sin importar que se mienta, con tal de ganarle una rebanada de poder.

 

El primer paso para transitar a elecciones que de verdad permitan tener a la vista las ofertas concretas de gobierno y los compromisos legislativos, es reconocer que no habrá mejores contenidos de las campañas si no existen mejores formatos para exponerlos.

 

Antes con dinero de por medio (o sea, peor que ahora) y hoy a partir de una fragmentación y distribución proporcional de los tiempos del Estado en radio y televisión, el spot reduce la oportunidad de expresar ideas, a sólo frases ocurrentes, golpes denigratorios,  jingles, lemas y actuaciones especiales de luchadores, artistas o medallistas olímpicos. Veamos.

 

Con la actuaciones estelar…

En el año 2000, Juan Gabriel cantaba que “ni Temoc, ni Chente … ni el PRD ni el PAN, el PRI es el que va a ganar”. No se trataba de un militante demostrando su simpatía partidista ni tampoco de un promocional que permitiera valorar ninguna propuesta o crítica seria. De hecho, concluida aquella campaña, se supo que el cantante tenía adeudos fiscales que no fueron perseguidos en el sexenio priísta de Ernesto Zedillo como sí lo fueron en el del panista Vicente Fox. Saque usted sus conclusiones.

 

En esa misma elección, Chespirito apareció en otro spot pidiendo el voto por Fox, igual que la actriz Kate del Castillo. Ambos se veían convencidos del candidato, pero en ninguno de los casos, el spot respectivo aportó una propuesta o idea específica de gobierno que permitiera a la audiencia informarse para ejercer su voto.

 

“Quiero que sepas que a mí nadie me pagó por decir esto”, afirmaba del Castillo en su spot, pero no sabemos si Chespirito o los futbolistas Kikín Fonseca y Alberto García Aspe, igual que la actriz, eran entonces simpatizantes panistas o sólo personajes ocasionales para un anuncio. Es difícil atinarle porque ni siquiera ellos lo aclararon en la pantalla, como tampoco lo hizo el ex portero de la selección mexicana Jorge Campos, quien apenas en 2010 salía en un spot junto a Joan Sebastian y Enrique Peña pidiendo el voto por el priista Manuel Añorve en Guerrero, mientras que en 2005 Campos hizo lo propio en otro promocional para impulsar la política del saliente gobernador perredista, Zeferino Torre Blanca, en torno al conflicto por la polémica presa “La Parota”.

 

Durante las campañas de 2009,  Chantal Andere promovía en spots  al Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), sin especificar a la audiencia que ella no es militante, sólo una actriz dándole voz e imagen a un guión, que terminaba con el jingle “naranja, naranja”.

 

Un ejemplo por demás emblemático de estas tendencias que se cargan a lo publicitario antes que a brindar información para la deliberación política, lo vimos cuando el actor Raúl Araiza, también en los comicios de 2009,  era  la imagen del Partido Verde.

 

El actor fue entrevistado a propósito de sus aparentes convicciones políticas en la revista Tv y Novelas, con spots ilegales en los que esa supuesta charla –después se demostró que era una inserción pagada- se difundía en televisión como si la revista estuviera promocionando un contenido más para que la compraran, sin reparar en que la difusión seguía al aire mientras la edición que circulaba en los puestos de periódicos ya era otra.

 

Al respecto, el 25 de junio de 2009, el actor dijo en otra entrevista -ésta sí real- transmitida en un programa de espectáculos de MVS, que él no estaba de acuerdo con la “pena de muerte”, una de las propuestas legislativas que defendía en los spots del partido. Pero fue más allá, dijo que salía en los promocionales porque lo escogieron después de un “focus group” y un “casting”. Se trataba de una actuación “como si me hubiera escogido Coca cola o Marinela”, y remató con que él ni siquiera acostumbraba votar en las elecciones: “Mejor voto en la casilla por nadie (…) mi presidente nunca lo quitan, es el señor Azcárraga”, dijo en entrevista con Susana Moscatel.

 

Si algo nos ha enseñado el nuevo modelo de comunicación político electoral, es que los ciudadanos sí han visto o escuchado los spots, es decir, no es un problema de exposición en medios, sino ausencia de condiciones para que esa exposición lleve ofertas políticas y no ocurrencias con música de fondo.

 

Poco después de la elección federal de 2009, acudí a la arena México para a ver como “El Místico” se lucía con lances frente al Negro Casas. El famoso luchador había sido imagen, junto con la medallista y hoy diputada Iridia Salazar, de algunos promocionales del PAN. Esos spots ya eran muy conocidos, fueron vistos de forma eficaz por mucha gente. Así se acreditaba ante mi incredulidad mientras cientos de personas desde las gradas coreaban o abucheaban a la porra ruda que gritaba en cada vuelo del astro mexicano “pinche panista”. Un documentalista de la BBC grababa aquella función en la fila de adelante, y con un español decente preguntó “¿Qué gritan? ¿Por qué se ríen?”. Lo que ocurre es sale en los spots del IFE, le contesté. No creo que me haya entendido, pero de igual forma expresó un “ah” como si la duda hubiese quedado disipada.

    

¿Cómo garantizar mejores contenidos en los spots? De entrada, incluyendo una leyenda en cada promocional que aclare si hay en él actores o militantes, y sin duda, ampliando su tiempo para incentivar el desarrollo de más ideas y menos jingles, de más propuestas y menos lemas, de candidatos en pantalla que expongan de viva voz sus ofertas y no de actuaciones disfrazadas de militancia.

 

Tentaciones

Se han presentado interesantes propuestas para ajustar el formato corto. El 28 de febrero del año pasado un grupo de políticos, escritores e intelectuales, coincidieron en la necesidad de terminar con “la dictadura del spot”, y transitar a segmentos más amplios en los que en verdad puedan exponerse propuestas que permitan a los electores tomar una decisión informada.

 

En ese grupo plural coexiste la firma de un promotor de la restricción constitucional a comprar tiempos en radio y televisión, como José Woldenberg, con la de impulsores  de la libre contratación como Héctor Aguilar Camín.

 

Sería improbable que el mismo senado de la república que voto la reforma electoral de 2007 ahora diera marcha atrás. Eso da tranquilidad a quienes vemos, como sucedió con el movimiento del “voto nulo” en 2009, potenciales tentaciones de los detractores de la reforma electoral para reprivatizar las campañas montándose en un reclamo viable y adecuado para dejarnos de actuaciones y pasar al debate de ideas. A esas sí, les pueden poner toda la música e iluminación que quieran, porque nadie podrá escuchar sólo una.

 

*El texto se publicó originalmente en la revista Zócalo, número 134 (Abril de 2011). El autor es asesor en el Instituto Federal Electoral, sus opiniones son a título personal.

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Martes, 15 de Mayo de 2012 10:29

Debate sobre el debate en TV Mexiquense

VIDEO: Fred Álvarez, Luis Manuel Arellano y Luis Miguel Carriedo analizan  el formato del debate presidencial, el desempaño del IFE y el de los candidatos.

POLÍTICA. México,15-Mayo-2012. Después del primer debate presidencial el domingo 6 de mayo en el Pepsi Center del World Trade Center, los analistas Fred Álvarez, Luis Manuel Arellano y Luis Miguel Carriedo analizan su formato, el desempaño del IFE y el de los candidatos.

Compartimos esta mesa de debate sobre el debate mexicano, transmitida en el programa “La Báscula” de TV Mexiquense, el pasado 8 de mayo.

Los debates en México están muy lejos todavía de los formatos europeos de Francia o España e incluso en países como Chile y Brasil en América Latina.

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Los ojos del candidato de Nueva Alianza no pudieron evitar mirar hacia la polémica modelo argentina que lució un espectacular escote en el debate presidencial de este domingo

POLÍTICA. México-7-Mayo - 2012. Durante el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la república, Gabriel Quadri, del partido Nueva Alianza, desvió la mirada para observar el cuerpo escultural de la modelo argentina y Playmete  Julia Orayen, quien era responsable de entregar a cada participante papeles con una letra que determinaría el orden de intervención.

Orayen estuvo al aire durante 20 segundos con su vestido blanco entallado y el pronunciado escote que lucía pudo verse de frente en la transmisión durante 7 segundos.

Jesús Tapia, un experimentado productor de televisión, eligió a la edecán de 1.65 mts dada “la estatura de los candidatos”, según dijo hace unos minutos en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga.

Tapia inició la entrevista con un  “se me viene el mundo encima”, y más tarde explicó que le había pedido a la edecán llevar tres vestidos blancos pero no pudo supervisar el vestuario final una vez que Orayen salió del camerino al set, por encontrarse en la unidad móvil afinando la transmisión por satélite.

“No la supervisamos y asumo la responsabilidad de lo que pasó …traté de abrir la toma”, dijo.

Orayen ha sido bautizada ya en redes sociales como “la edecán del IFE”. El IFE, por su parte, se disculpó en un comunicado por la provocativa vestimenta: “El Instituto Federal Electoral (IFE), a través de la Comisión Temporal para la Organización de los Debates, integrada por los Consejeros Electorales Sergio García Ramírez, Marco Antonio Baños Martínez y Alfredo Figueroa Fernández, lamentan el desacierto de producción asociado a la vestimenta de una edecán durante el 1er Debate Presidencial y ofrece una disculpa a la ciudadanía y a la Candidata y a los candidatos a la Presidencia”.

Redacción

 

 

 

 

 

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Martes, 01 de Mayo de 2012 01:45

El debate,las mentiras y el futbol

 

La tarde de este lunes, la Federación Mexicana de Futbol informó que el partido de liguilla entre Morelia y Tigres se jugará a las 8 de la noche el próximo domingo 6 de mayo, en un horario que no es habitual y que coincide exactamente con el definido para transmitir el debate presidencial en todas las señales públicas de radio y televisión del país, así como en aquellos medios privados que decidan tomar en vivo la señal que el IFE pondrá a su disposición.

Por unanimidad, los representantes de la candidata y los candidatos presidenciales acordaron que su primer debate se realizara ese domingo a esa hora, en el World Trade Center de la ciudad de México. El IFE, consciente de que las rondas finales del torneo profesional de futbol comenzarían la primera semana de mayo, le hizo saber a las dos principales televisoras y a la federación mexicana de futbol el día y la hora del debate, y les pidió valorar la posibilidad de no programar encuentros en ese horario.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y del equipo “Monarcas”-Morelia decidió ir en sentido contrario a la petición del IFE, e incluso sincronizó el horario del partido de cuartos de final de tal modo que mientras esté en curso el debate presidencial, el Morelia estará disputando su pase a semifinales con los Tigres, y cuando concluya el debate, terminará también el encuentro futbolero, a las 10 de la noche. Azteca está en su derecho, la ley no se lo impide.

El adivino Orozco y la “libertad de expresión”

El 26 de abril el diario Milenio publicó una entrevista en donde el consejero electoral Marco Antonio Baños, dijo que el IFE estaba en comunicación con las televisoras y con la FEMEXFUT “para lograr que el debate tenga el espacio que necesita, sin que eso perjudique la transmisión de los partidos del futbol”, aunque aclaró que ni Televisa ni Azteca “están obligadas a acatar” la petición de no empalmar el horario del futbol con el del debate.

En ese tenor, para evitar empalmar horarios, si así lo consideraban pertinente las televisoras y los equipos involucrados, el consejero presidente del instituto, Leonardo Valdés, y el consejero electoral que preside la Comisión de debates presidenciales, Sergio García Ramírez, enviaron la semana pasada una carta a la Federación de futbol, a Televisa y a TV Azteca (antes de que se definiera qué equipos jugarían la liguilla).

Al respecto, el senador Javier Orozco (abierto defensor de los intereses de las televisoras) publicó el mismo lunes una columna también en Milenio, refiriéndose a las declaraciones del consejero Baños:“Resulta increíble que se atreva a declarar que el IFE enviará oficios a la Federación Mexicana de Futbol y a las dos principales televisoras para exhortarlos a que los partidos de futbol de la liguilla no se jueguen”.

Orozco, no reparó en que eso ya se había hecho, y en que el atrevimiento que cuestiona nunca se ha referido a que “no se jueguen” los partidos de liguilla.Abundó su reflexión sugiriendo que una carta donde el IFE avisa el horario del debate y pide considerar que no se programen al mismo tiempo partidos de futbol es un atentado contra la libertad de Televisa y Azteca: “Ojalá no manden sus oficios a la Femexfut y a la radiodifusión, porque más que un exhorto es atentar contra sus libertades”.

El libelo de Orozco se difundió varias horas antes de que se diera a conocer la decisión de encimar horarios (adivinó o fue un coincidencia), y cierra defendiendo al futbol como política para combatir los problemas derivados de la pobreza que hay en México: “¿Acaso el consejero Baños no se ha puesto a pensar que el futbol es el deporte más popular en México? ¿No piensa que millones de mexicanos no tienen un ingreso que les permita acudir al estadio y por eso se transmite por televisión y radio gratuita y que es una de las pocas formas de entretenimiento de los mexicanos? (…) la audiencia tiene el derecho de elegir lo que quiere ver, por eso puede cambiar de canal libremente o de plano ¿es a fuerzas [*sí, así lo escribió: “a fuerzas”] que debemos ver el debate? (…) Qué curioso que esta actitud estatista provenga de un órgano autónomo y ciudadano, que además de costoso resultó ser un peligro para los mexicanos con menores recursos, que según cifras oficiales son algo así como 60 millones”.

Los empresarios de la radio y la televisión, y muchos de sus trabajadores, han mostrado una oposición obsesiva en contra de la reforma electoral de 2007-2008. El meollo de toda la protesta es la prohibición a contratar spots o cualquier modalidad de radio y televisión para difundir propaganda política. De eso se trata esta nueva trampa del futbol, la patraña de los supuestos debates prohibidos por el IFE, la “imposible” viabilidad técnica para transmitir spots locales, el atentado a la libertad de expresión si se monitoreaban programas de opinión para difundir su tendencia libre y la defensa que muchos hicieron de lo que consideraron el derecho humano a vender entrevistas y a ponerse parches propagandísticos en una pelea de box. Todo eso se resume en la exigencia por volver a la compra venta de tiempo aire.

Las televisoras, para escarmentar a la clase política que les quito el pago de spots propagandísticos, han reducido considerablemente el tiempo que le dedican sus noticiarios a las campañas electorales (en comparación con otros años), y no han perdido oportunidad para dibujar cualquier derivado de la reforma como violatorio de la libertad. Creo en verdad que son respetables algunas posturas críticas a la reforma, y así deben verse incluso las que provienen de personas como Javier Orozco, pero también creo que ayudaría discutirlas sin máscaras, el tema es el dinero que perdieron y que buscan recuperar con una contrarreforma, y no la libertad de sintonizar el futbol, los pobres que no pueden pagar un boleto en el estadio Morelos ni el “a fuerzas” debate.

La NFL y el Morelia de Salinas Pliego

No es algo nuevo que las ligas deportivas profesionales eviten encimar transmisiones de sus partidos cuando existe otro evento, en este caso de carácter político-electoral, que puede tener relevancia en la vida democrática de un país. El próximo miércoles 5 de septiembre, cuando faltarán dos meses para la elección presidencial de Estados Unidos, el partido inaugural 2012-2013 de la liga profesional de futbol americano (NFL) lo abrirá el campeón Gigantes de Nueva York, un día antes de lo previsto.

Desde 1948, es decir desde hace 64 años, no se había jugado un partido inaugural de la NFL ese día de la semana, pero el presidente de la liga, Roger Goodell, informó a finales de febrero que se adelantaba el juego y con él la temporada para no empalmar la transmisión con el discurso que Barack Obama dará el jueves 6 de septiembre en la convención del partido demócrata.

En México, en contraste, el IFE informó la fecha del debate y pidió a las televisoras procurar no empalmar horarios con el futbol. Salinas Pliego ignoró la solicitud y como nunca en 64 años programó un partido de su equipo Morelia en domingo a la 8 de la noche.

Lejos de los 60 millones de pobres que invoca Javier Orozco, Salinas Pliego ocupa el lugar 37 en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Sobre su libertad para dinamitar la audiencia del debate presidencial,Salinas escribió: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”.

En mayo de 2011, el encuentro de futbol entre la selección mexicana y la de Ecuador tuvo 8.8 puntos de rating en TV Azteca, mientras un programa de 5 minutos pautado por el IFE en canal 9 de Televisa, del Partido Verde Ecologista, registró 8.7 puntos y otro de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) 8.8 puntos, lo que significa que poco más de 3 millones de televidentes vieron el programa político y exactamente el mismo número el partido en Azteca 13.

Yo veré el debate, eso decido en libertad,suerte a Salinas Pliego con sus reportes de audiencia y su conducta, que a mi modo de ver se parece más a la de un porro que a la de un empresario que lucra con un bien concesionado por el Estado. Allá él y quienes le aplauden, que ejerza su libertad.

Epílogo

El artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece una facultad discrecional de la Secretaría de Gobernación en los siguientes términos: “Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación”.

Por su parte, el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los permisionarios públicos están obligados a transmitir en vivo el debate presidencial, mientras que los concesionarios que así lo decidan pueden también hacerlo. El IFE no pidió encadenamiento obligatorio a la SEGOB, y no lo hará. Eso quieren algunos detractores de la reforma electoral para otra vez empezar con el petate del muerto y decir que la libertad de expresión está amenazada. Ya cansa, mejor que se digan las cosas como son, es el dinero que perdieron por compra venta de spots, si eso vuelve, se acaban estos shows y empiezan otros. Dinero vil metal, diría Serrat.

*El autor es asesor en el IFE. Sus opiniones son a título personal

 

 

Publicado en Medios y Democracia
Jueves, 26 de Abril de 2012 01:35

Spotización, apuntes para el debate

Las contiendas electorales en nuestro país han apostado por instrumentos de difusión diseñados para la publicidad comercial: el spot, particularmente, y la propaganda encubierta de forma paralela. En el primer caso, luego la última elección presidencial, el cambio de reglas en la competencia consolidó indirectamente a este formato como vehículo de comunicación política preponderante, presente ahora con cargo a los tiempos oficiales de 6 de la mañana a 12 de la noche, con impactos de 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión, en todas las emisoras de radio y televisión con cobertura en el territorio nacional (48 minutos diarios por emisora durante los procesos electorales).

En cuanto a la propaganda encubierta, debido a que hoy está prohibida la contratación de tiempos y establecidos los formato de acceso a la radio y la televisión, quedó limitada también de manera indirecta, no expresa, para efectos electorales, pero por huecos legales eventualmente puede seguir apareciendo en la publicidad de los gobiernos (siempre y cuando lo encubierto no sea, como sucede habitualmente, la imagen, el nombre o la voz de algún servidor público) e incluso podría permitirse, a partir de una interpretación legal, para los mensajes de partidos políticos (sería lamentable, pero se puede), si por ejemplo se decide utilizar segmentos de tiempo del Estado en la modalidad de “productos integrados”, siempre que esos segmentos correspondan a 30 segundos, 1 y hasta dos minutos por mensaje, que son los rangos que establece el artículo 72 del COFIPE.

Entre spots cortos y engaños largos

Los dos recursos publiciario-propagandísticos, tienen elementos que impiden arribar a un modelo robusto de intercambio de ideas y exposición de ofertas políticas. El spot es demasiado corto y la tendencia ha sido usarlo para posicionar a los partidos como su fueran marcas, con ideas muy genéricas, mientras que la propaganda encubierta parte de engañar al ciudadano, de hacerle pensar que un actor popular es militante del partido que le paga por fingir serlo, que un noticiario registra sin pago de por medio las virtudes de algún aspirante presidencial, o que un comentarista deportivo entrevista y enaltece a un candidato porque simpatiza con sus ideas cuando en realidad todo es un anuncio disfrazado de conversación, de nota, o entrevista espontánea.

Ahí andamos, entre un formato la mayoría de las veces ilegal que busca engañar, y otro muy corto que no permite debatir ideas a profundidad.

Muchas de las críticas a lo que algunos han llamado la “spotización” de la reforma electoral 2007, es decir, al hecho de pautar cerca de 30 millones de promocionales en cada proceso electoral federal, sin pago de por medio (48 minutos diarios durante 150 días en poco más de 2 mil emisoras en todo el país), provienen de personajes que no responden necesariamente a una convicción o interés por una mejor comunicación política, más transparente, sin engaños o en formatos más adecuados para conectar a los partidos con los ciudadanos.

En realidad, la repentina preocupación por este formato y su cantidad de impactos distribuidos en todas las emisoras del país, se ha manifestado más como un pretexto de opinadores afines a las grandes televisoras para descalificar un modelo de 30 millones de promocionales gratuitos y promover un retroceso hacia 30 millones, o más, de promocionales pagados.

Eso no significa ignorar que pese al enorme avance democrático que implica prohibir la contratación de propaganda política en medios electrónicos, sí hay parte de razón en la crítica al formato.

Apuntes

En otras palabras, la discusión de la “spotización” requiere tener presentes los intereses en juego, las verdades a medias y las mentiras completas que se han dicho, pero reconocer que se necesita apostar por mejores formatos, más debate de ideas y mejores condiciones para exponer ofertas políticas. Aquí algunos apuntes en ese ánimo:

Primero. Antes de la reforma electoral los partidos políticos concentraban sus mensajes en el mismo formato de spot, no hay cambio en eso, sólo que en algunos días de campaña había menos y en otros muchos más que ahora (más de 70 minutos diarios de promocionales pagados los días previos a la jornada electoral de 2006 así lo demuestra).

Segundo. Existe una brecha enorme entre la vida interna de los partidos, sus documentos básicos, sus plataformas de gobierno o sus definiciones ideológicas, y los contenidos que alcanzan a difundirse en el formato corto del spot. Apenas alcanza para que los partidos ofrezcan algunos datos o propuestas muy generales, a veces para denigrar al oponente o para mostrar que cantantes, actrices, luchadores o futbolistas simpatizan con sus colores y gobiernos.

Tercero. Hay un problema de origen y radica en que el spot nació para la publicidad comercial en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, y supone mensajes cortos que van de 10 a 60 segundos, tiempo suficiente para motivar la compra de un determinado producto si se utiliza con repeticiones estratégicas en espacios de televisión y radio que escuche o vea el “target” del anunciante (no cualquier audiencia, sólo aquella que pueda pagar el producto específico). El alto costo de los espacios comerciales en medios electrónicos es favorable al formato corto (menos tiempo al aire=menor costo), y de hecho, funciona bien para vender, porque no se necesita mucho tiempo para dar a conocer unas papas fritas diciéndole al consumidor que son las más ricas del mundo, que nadie puede comer solo una y que se compran en la tienda de la esquina. Difundir una oferta política no debiera compartir esa lógica como sucede hoy, porque no propicia debate, o espacio adecuado para informar a los ciudadanos cuales son las verdaderas diferencias entre ofertas de gobierno o representación legislativa.

Cuarto. Hay mitos forzados que no deben contaminar la discusión seria para mejorar el formato. Por ejemplo, en agosto de 2009, la revista Nexos publicó un artículo firmado por Mónica Aspe, Alberto Farca y Jimena Otero titulado “Más Spots ¡menos votos!” (así, con signos de admiración).

El texto tuvo una amplia resonancia y fue comentado igual por Héctor Aguilar Camín (quien también considera promover la contratación de spots políticos ilimitada es promover libertad de expresión) que por Sergio Sarmiento como un estudio “contundente”, y con alto rigor académico. La hipótesis de los autores de este “estudio” (una de ellas hoy es funcionaria de la CIRT), es así de simple: mientras más salgas en la tele menos votan por ti porque se satura la audiencia. Ni Jack Palace en Ripley lo hubiera dicho mejor: “aunque usted no lo crea”.

La publicación se dio en un momento en que la industria cabildeaba para intercambiar cargas de tiempos oficiales por productos integrados, los cuales, según ellos, son tan efectivos que ya no sería necesario transmitir 48 minutos diarios, sólo unos 20 o 30, y el resto se pagaría con conductoras anunciando al IFE o a los partidos políticos, sin que hubiera necesariamente una equivalencia de tiempo exacta (porque “más espots, ¡menos votos!”).

La pregunta sería ¿a poco si un cliente tiene ánimo de contratar 90 impactos diarios, un radiodifusor le dice que sólo le compre 6, porque si no la audiencia va a saturarse y sería catastrófico para su producto?

Todavía no conozco, pero debe haber, publicistas que digan: “mientras menos impactos publicitarios es mejor para difundir su producto”, sin embargo, aunque nos recuerde a Jack Palace, para la actual funcionaria de la CIRT y sus dos colegas esa premisa es correcta, mientras más spots políticos hay menos votos.

Las conclusiones de esa investigación “científica”, se basan en la elección federal de 2009 tuvo muchos más spots que la de 2003, y como la participación aumentó “apenas” un 3 por ciento, pues eso probaría que mientras mayor número de promocionales, menor número de votos.

Al respecto habría que tomar en cuenta: 1. Que la lista nominal no tiene una relación idéntica al crecimiento de la población, y gracias a los instrumentos técnicos cada vez más avanzados del Registro Federal de Electores y a las campañas de difusión del IFE –mientras más se transmiten más personas acuden a renovar y actualizar su credencial en los módulos-, la relación de ciudadanos habilitados para votar en 2009 fue superior a la de otros años. En otras palabras, no es riguroso atribuirle al porcentaje de votantes de la lista nominal, la saturación o no de promocionales. Hay muchos factores relacionados con el abstencionismo, desde el desencanto con decisiones políticas, hasta las campañas en contra de autoridades electorales cuando éstas sancionan conductas indebidas de alguna televisora.

Quinto. En 2009 -la primera elección federal con las nueva reglas-, la Cofetel daba cuenta de 2 mil 309 emisoras de radio y televisión en todo el país, y si bien los partidos compraron más de 70 minutos diarios en las principales televisoras los días previos a la jornada electoral de 2006, no lo hicieron en pequeñas radiodifusoras con modesta cobertura que hoy transmiten, al igual que una gran televisora, los mismos 48 minutos diarios durante tiempos electorales, por eso el número global de spots que hoy se pautan parece muy alto, pero en realidad 48 minutos significan 96 promocionales de 30 segundos al día por cada emisora, lo que contrasta con los 70 minutos al día (140 spots) que se llegaron a concentrar en una sola televisora.

Esto no necesariamente significa una “spotización” o saturación, porque nadie tiene 2 mil 309 ojos y oídos para sintonizar al mismo tiempo todas las señales del país.

Sexto. El IFE acordó para la elección federal de 2009 homogeneizar todos los promocionales partidarios a impactos de 30 segundos, pero acorde al artículo 72 del Cofipe las unidades de medida podrían ser en algunos casos de 1 y hasta 2 minutos en la contienda presidencial de 2012.

Séptimo. Los debates presidenciales, en caso de realizarse con formatos flexibles y menos acartonados, pueden favorecer un intercambio fluido de ideas en beneficio de los electores.

Octavo. Más debates, más propuestas y menos spots cortos, puede parecer otro tema para Ripley, pero “aunque usted no lo crea” viable, sin duda elevaría la calidad de nuestra democracia.

*El texto se publicó originalmente en la revista Zócalo, número 133 (marzo de 2011).

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Jueves, 24 de Noviembre de 2011 15:00

Los debates no están prohibidos

Como ya todo mundo sabe, el proceso electoral comenzó el 7 de octubre, lo que significa que han entrado en operación un conjunto de reglas y procedimientos cuya finalidad es ordenar todos los pasos que nos conducirán a los ciudadanos hacia la elección de nuestros gobernantes, así como establecer los comportamientos de todos los involucrados para que esta función cívica se realice sin contratiempos, en paz y en democracia. Sin embargo, hay algunos aspirantes y algunas otras voces que parecen no hacerse cargo de esto y en lugar de ello, claman por la realización pronta de debates electorales, aún antes del inicio de las precampañas, mismo que será hasta la tercera semana de diciembre. Dicen, desde hace un mes, que ha llegado el momento de discutir lo que importa a los mexicanos. Han acusado al IFE y/o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de prohibir los debates, y de atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho de los ciudadanos a estar informados. Hay, incluso, quienes han afirmado que estas instituciones han incurrido en un despropósito por ello.

Respecto a este comportamiento invito al lector a reflexionar sobre lo siguiente: ¿acaso se vale que los boxeadores comiencen a tirar golpes antes de que suene la campana?, ¿sería admitido que los jinetes azucen a sus caballos antes del disparo de salida?, ¿podrían los jugadores intentar patear el balón antes del silbatazo del árbitro? Me parece que podríamos coincidir en que semejante conducta no es válida, porque en todos los casos atenta contra la equidad de condiciones entre los contendientes. Ahora bien: ¿quién puede acusar al réferi de prohibir los golpes en el box, sólo por exigir que no lo hagan antes de que suene la campana?, ¿quién puede criticar al juez por demandar que ningún caballo arranque antes del disparo?, ¿quién reprocha al árbitro de cometer un “despropósito” cuando exige a los jugadores que se alineen antes del silbatazo?

Algunos de los aspirantes –y voces que los acompañan– no parecen querer hacerse cargo de que el proceso electoral ya inició y de que hay normas que prohíben actos anticipados de precampaña, y de que no por ello se puede asumir que los debates entre los contendientes de una justa electoral están prohibidos. Lo que está prohibido es adelantarse, habida cuenta de que el proceso electoral ya inició, pero no así la competencia entre los contendientes.

Hay que precisarle a los comerciantes de tiempo en radio y televisión –quienes ya no encuentran la manera de seguir lucrando con las elecciones, del mismo modo como lo hacen con las olimpiadas o un mundial de fútbol– que no tiene por qué haber debate si no hay campañas –internas o abiertas al público–, y no por ello se puede acusar al órgano generador de las reglas o al árbitro electoral de prohibir los debates en detrimento de la libertad de expresión, o en beneficio de aquellos contendientes que supuestamente no desearían debatir. Estos comerciantes no están asumiendo como algo real que la ley contempla, regula y protege los debates entre candidatos al puesto de Presidente de la República. Tal vez esto sea así porque la regulación correspondiente será aplicada por primera vez en este proceso electoral y porque en la misma se contempla que las condiciones de los debates serán determinadas por el Consejo General del IFE, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos, sin que se admita la posibilidad de una contratación comercial de tiempo en radio o televisión para difundirlos.

El artículo 70, párrafos tercero y cuarto del código electoral vigente para las elecciones federales señala, respecto de la difusión de los debates en radio y televisión lo siguiente:

“3. Los debates serán transmitidos, en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida. El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo, en forma gratuita, por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.

4. Las estaciones y canales que decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere el presente artículo, quedan autorizadas a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales”.

Esta es la parte que le resulta muy difícil de asimilar al gremio corporativo de los empresarios de la radiodifusión en nuestro país. Inconformes con la imposibilidad de vender los debates –ya sea a sus participantes o a los patrocinadores, o a ambos–, construyen un discurso que reemplaza el debate público sobre la mercantilización de los procesos electorales, por un falso debate sobre la libertad de expresión. Seamos claros: ni al Poder Legislativo, ni al IFE, ni al TEPJF les interesa restringir la libertad de expresión y en ese tenor prohibir los debates. Esa teoría de la conspiración no se la cree, pero ni el conocido ranchero de Guanajuato, que acusa a ambas instancias de “regarla” (por cierto, ya abordaremos en su oportunidad el tema del “chachalaquismo”, que hace referencia a una conducta electoral que el aludido tuvo a bien fundar hace seis años, y que al parecer hizo escuela, a juzgar por el comportamiento gubernamental de los últimos tiempos).

Así que es falso que estén prohibidos los debates en la justa electoral de 2012. Por el contrario están previstos y protegidos con dispositivos orientados a garantizar la libertad de expresión de los contendientes y la equidad en las condiciones para su realización. No obstante lo dicho, es necesario que el árbitro electoral indique con claridad las reglas del juego sobre un conjunto de interrogantes pertinentes que merecen la atención de las autoridades competentes:

¿Los debates constituyen actos de proselitismo electoral? La respuesta es estratégica, ya que de la misma depende el tiempo en que estos pueden ser realizados. Si los debates son actos de proselitismo y yo creo que sí, porque en ellos los participantes buscan persuadir a la audiencia y así ganar adeptos o adherentes a su causa–, entonces estos no pueden ser realizados fuera de los períodos de precampaña y campaña, únicos en los que la ley admite actos de proselitismo o difusión de propaganda. Protagonizar un evento de esta naturaleza es incurrir en actos anticipados de precampaña o de campaña, en su caso, a mi juicio. Al respecto es de recordarse que la ley electoral señala, en su artículo 211, párrafo tercero, que “Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas”, advirtiendo que “la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”. Pero, en realidad esto lo debe fijar la autoridad, entre otras cosas porque es necesario precisar en qué momento cobra vigencia esta restricción temporal a las actividades de proselitismo o difusión de propaganda.

¿A partir de cuándo pueden ser realizados los debates? De acuerdo a la interpretación que aquí expongo el debate entre precandidatos podría considerarse válido, a partir de la tercera semana de diciembre, que es cuando se contempla el inicio del período de precampañas.

¿El debate entre precandidatos puede ser llevado a cabo en los medios masivos, es decir ante el público en general? Me parece que la ley no admite esa posibilidad por dos razones: la primera, porque el artículo 70 de la ley electoral sólo prevé debates entre candidatos registrados al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda, porque el artículo 211, párrafo quinto, de ese ordenamiento dispone lo siguiente: “Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato, o en su caso con la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el partido de que se trate, el Instituto Federal Electoral negará el registro legal del infractor”. Adicionalmente, he de añadir que no parece muy justificado realizar propaganda en medios masivos, dirigida por lo tanto y de manera inevitable a la generalidad del electorado, cuando se trata de una competencia intrapartidaria. Pero si se estimara válido ese ejercicio de publicidad total, entonces tendría que garantizarse igual difusión a cada uno de los eventos de debate de cada uno de los partidos políticos. Esquema que por el momento no parece estar construido.

¿Puede haber debate entre precandidatos de distintos partidos? A ver: ¿quién contra quién? ¿el precandidato número uno del partido morado contra el precandidato dos del partido magenta y el precandidato cuatro del partido marrón?, ¿o todos contra todos?, ¿o en orden de insaculación? ¿cómo? ¿cómo podría superarse la inequidad –y la iniquidad– en este pandemonium? A mi me parece que no debería admitirse esta posibilidad porque se privilegiaría a unos precandidatos sobre otros, rompiendo la equidad interna de cada partido involucrado, e inclusive, eventualmente la equidad entre partidos, dependiendo de la importancia relativa de los aspirantes.

Suponiendo que fuera posible realizar debates en medios de comunicación masiva no coordinados por el IFE, sino como resultado, digamos, de la iniciativa periodística, preguntémonos: ¿Sería válido que los comunicadores privilegien quiénes han de participar en un debate? Al respecto, yo creo que es válido que los comunicadores contrasten las posiciones de los candidatos, inclusive de los precandidatos y aspirantes, pero a través de periodismo de investigación, o contrastando declaraciones, inclusive decidiendo a quien incorporar o no en el estudio. Pero no sería válido que su actividad periodística repercutiera en la equidad, por ejemplo, discriminando quién participa y quién no en un debate, a partir de criterios relacionados con la popularidad –medida tal vez en encuestas– o con la militancia formal en uno u otro partido –o en ninguno– o cualquier otra consideración. Me parece que estas decisiones deben ser asumidas por una instancia obligada al ejercicio del principio de imparcialidad. De no ser así esos eventos se constituirían en actos de propaganda a favor y/o en contra de alguna opción política.

¿Se van a poder realizar debates a nivel de distrito o de entidad federativa, protagonizados por los candidatos a diputados y senadores, en radio y televisión? Si los hay ¿será en espacios noticiosos, en tiempos del Estado o serán donaciones?, ¿quién va a decidir quiénes participan? Lamentablemente no hay marco legal que lo defina. Este tema ya lo abordé en un artículo anterior en esta misma publicación. Es realmente inconcebible que el legislador constitucional no haya contemplado una matriz jurídica para los debates entre candidatos a diputados y senadores, habiendo acordado un esquema de tiempos de Estado para propaganda electoral en radio y televisión que dispone de 61 horas y media en período de campañas electorales en cada estación y en cada canal.

Dejo esta preguntas en el aire, para reflexión del lector: ¿debería haber un reglamento de debates expedido por el IFE?, ¿hay marco legal para ello?, ¿hay condiciones políticas que lo aconsejen y que lo permitan? Concluiré comentando que la reforma política de 2007 en efecto, como afirman algunos, no es perfecta ni es intocable, y claro que se le puede y debe criticar, pero no precisamente por exceso, o por que su orientación ( es decir, erradicar al dinero como factor determinante de la contienda) resultara equivocada. Invito a que la critiquemos por sus insuficiencias, para identificar los renglones que deben fortalecerse en el ánimo de no claudicar en este esfuerzo y en la dirección de consolidar un sistema de debate público para la democracia mexicana.

*Este artículo se publicó en la edición de noviembre de revista Etcétera, agradecemos al autor y a la revista su autorización para reproducirlo, y le damos la bienvenida como colaborador de Mire (esperen pronto su video culumna).

@mauricivic

 

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Lunes, 14 de Noviembre de 2011 13:02

Los "bloqueos" en Radio y Tv

El sábado 12 de noviembre de 2011, se resolvió en el Comité de Radio y Televisión del IFE un añejo debate respecto a si las principales televisoras deben o no permitir que cada concesión de televisión difunda promocionales políticos a nivel local, “bloqueando”, en el caso de las llamadas redes o cadenas, la pauta electoral nacional que proviene desde el DF. Los consejeros Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa definieron la votación a favor de que todas las emisoras, sean o no repetidoras, estén obligadas a bloquear y diferenciar contenidos.

El artículo 62, numeral 5 del COFIPE, establece que es el Comité la instancia facultada para elaborar y aprobar los catálogos de emisoras que participan en las elecciones, y el Consejo General sólo determina en qué periódicos o medios ese catálogo se difunde, a menos que ejerza su facultad de atracción antes de que se apruebe en el Comité.

Por ser pertinente a la discusión que se llevó a cabo este sábado, y que sin duda estará presente el día de hoy (14 de noviembre) en el Consejo General del IFE, reproduzco un artículo publicado en junio de 2011, en el número 136 de la revista Zócalo, titulado originalmente “Los bloqueos”.

El tema es complejo. México tenía registradas 2 mil 309 emisoras de radio y televisión en 2008, cuando por primera vez tuvo que implementarse la reforma electoral que optó por asignar los tiempos oficiales, a los que siempre ha tenido derecho el Estado en cada una de esas señales, para difundir campañas políticas administradas ahora por el IFE con reglas de distribución equitativas y no mediante la ley de la selva, las alcancías o la oferta y la demanda por delante.

Naturalmente no contábamos entonces (ni ahora) con ese mismo número de emisoras ocupadas por contenidos diversos, toda vez que, sólo en televisión, dos empresas concentran la mayoría de las 730 concesiones y permisos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha autorizado desde los años 60 y hasta la fecha en todo el país. El asunto es que un mismo contenido se pone en muchas concesiones y a eso le llaman "cadena nacional", aunque técnicamente cada concesión es una señal que cubre determinado territorio, con su propia antena, pedazo de espectro radioeléctrico y paquete de obligaciones legales independiente.

Las cifras más recientes de la Comisión Federal de Competencia ilustran esta situación: el 92.33% de las concesiones para televisión se concentran en Televisa, que opera 243 (53.17%) del total, y en Televisión Azteca, que opera 179 (39.16%). Es decir, no existe en realidad diversidad de empresas concesionarias, pero sí muchas señales.

Ahora ¿transmiten exactamente el mismo contenido todas las concesiones de una televisora cuando replican la misma programación del Distrito Federal en una cadena nacional? La respuesta es no. Por ejemplo, el canal 2 que sintonizamos en la capital del país difunde la misma barra programática que su concesión "repetidora" de San Luis Potosí, pero con "bloqueo" de algunos segmentos comerciales que sólo pueden verse en la señal capitalina y son sustituidos en la local por los respectivos anuncios potosinos. En otros casos -como ocurre al momento de redactar estas líneas frente a mis ojos-, el noticiario Hechos que podemos sintonizar en la Ciudad de México a través del canal 13 de TV Azteca, cambia el switch en su canal repetidor de Durango (XHDB-TV) a las 23:30 horas, durante 6 minutos, para incluir un breve espacio noticioso local: "Hechos Durango", antes de volver a la programación "encadenada" tal y como la vemos en el Distrito Federal.

El "bloqueo", pues, siempre es posible técnicamente cuando se trata de concesiones independientes, toda vez que a éstas se les puede incluir un contenido igual, parcialmente igual o distinto a otras. Es una decisión. No es verdad por lo tanto que exista una imposibilidad similar al problema de cobertura (cuando la señal de una emisora cubre por sí misma, sin repetidoras, dos o más entidades) pero ello no significa tampoco que absolutamente todas las señales repetidoras habitualmente “bloquean”. Hay algunas excepciones efectivamente, por ejemplo las llamadas "esclavas" (una concesión o permiso que permite saltar cerros para llegar a una mayor audiencia pero que nunca coloca contenido diferente al del DF –aunque podría- porque no es rentable hacerlo).

Por eso decíamos que el asunto es complejo, porque también hay casos donde se incluyen fragmentos de programación "encadenados" con todo y los anuncios del contenido que se replica, y otros más en los que si un promocional del DF tiene una duración superior al que va a sustituirlo en el “bloqueo” de alguna señal local, genera problemas de continuidad al momento de regresar al “encadenamiento” (porque le sobran o le faltan segundos).

A esos casos, que no son la mayoría o el común denominador de las repetidoras que transmiten en las principales ciudades, se refirió Joaquín López Dóriga en su columna del pasado 3 de febrero, en la que afirmó de manera equivocada: “Las reformas en el IFE obligan a los medios a bloquear los spots políticos en ¡las Islas Marías! donde los reos no votan por ley. Esos son los extremos del absurdo y de la celada” (Milenio, 3/02/2011).

En realidad el IFE fue razonable y permitió que en los primeros catálogos de cobertura para elecciones locales, se reconociera con precisión qué emisoras bloqueaban y cuáles no. La autoridad electoral no ha sido intransigente frente a ejemplos como el de las Islas Marías, pero se han dado abusos y omisiones que han derivado en un cambio de criterio.

Memoria

El 7 de abril de 2009, antes del primer proceso electoral federal con las nuevas reglas en materia de radio y televisión, el IFE elaboró el catálogo de emisoras que participarían en la elección federal de ese año y en las 11 locales coincidentes, por lo tanto, todas las emisoras del país destinaron 48 minutos diarios para promocionales de partidos políticos y autoridades electorales. Las emisoras con cobertura en alguna de esas 11 entidades con proceso coincidente, tuvieron que destinar un porcentaje de esos 48 minutos para incluir promocionales propios de los candidatos locales, los cuales se repartieron acorde a la votación de la entidad respectiva, lo que implicaba “bloquear” y diferenciar contenidos en las concesiones “encadenadas” para dedicar unos minutos a lo federal y otros a lo local.

La ley dispone (artículo 62, numeral 5 del COFIPE) que antes de cada proceso electoral el Comité de Radio y Televisión del IFE debe elaborar ese catálogo, para que los partidos puedan difundir promocionales de sus candidatos en las señales que se ven y escuchan en un territorio determinado. Se trata de un instrumento que da certeza respecto a qué emisoras se pautan para qué tipo de contienda y por lo tanto qué emisoras están sujetas a qué régimen de administración de tiempos y con base en qué proporción esos tiempos serán distribuidos entre partidos políticos.

Cuando se elaboró ese catálogo, tanto las principales televisoras como medios permisionados (el canal once, por ejemplo) argumentaron que varias de sus repetidoras (fueron poco más de 170 casos) en las entidades federativas, tenían programación idéntica a la que difundían en el Distrito Federal (incluida la repetidora de las Islas Marías) a partir de una “señal madre” que se distribuía vía satélite, por lo que no contaban con infraestructura técnica para "bloquear" esa señal original y transmitir promocionales diferenciados en las entidades de la república.

Por esa razón, en un ejercicio de buena fe, razonable, el que el IFE consultó a concesionarios y permisionarios para definir cuáles no bloqueaban. Las emisoras que no lo hicieron en 2009 tuvieron entonces el régimen de tiempos de la elección federal sin destinar la proporción de la elección local pero de igual forma, diferenciando o no la señal, todas destinaron 48 minutos diarios a promocionales de partidos y autoridades por tratarse de un proceso federal coincidente con locales (si retransmitían la señal del DF, pues esa señal también cargaría con promocionales partidarios y de autoridades electorales a cuenta de 48 minutos diarios).

Así, fue ese el catálogo que se utilizó para la elección federal de 2009 y las 11 locales coincidentes, y con ello se estableció un criterio en el que se reconocía una imposibilidad técnica para pautar localmente en aquellas emisoras que aludían no contar con equipos técnicos para bloquear su señal original, pese a tratarse de concesiones y permisos independientes entre sí.

Los bloqueos en 2010

El 30 de octubre de 2009, el IFE aprobó el acuerdo CG552/2009, el cual ordenaba la publicación del catálogo de emisoras que participaron “en la cobertura de los procesos electorales locales con jornada comicial durante el año 2010". Ahí nuevamente se incluyó un recuadro que distinguía emisoras con o sin posibilidad de bloquear, lo que implicó que aquellas que no bloqueaban, siguieran sin incluir un pautado propio de la entidad en proceso electoral.

El problema que ahora llamamos “los bloqueos”, se hizo evidente cuando el criterio de 2009 se refrendó en las elecciones locales de 2010, porque al no existir un proceso federal coincidente, la señal que se retransmitiría en concesiones “encadenadas” de las entidades en proceso electoral, no incluían 48 minutos diarios, porque en el DF no había elección y su pauta en época ordinaria es de apenas 5 minutos con 45 segundos diarios (lo que equivale al 12 por ciento del tiempo oficial).

Por si fuera poco, en la mayoría de los casos las repetidoras sin obligación de bloquear eran los canales más vistos, los de las principales empresas de televisión, en las entidades con proceso electoral, y al no tener que difundir pautas locales, tampoco había una prohibición expresa para que esas señales dejaran de retransmitir la propaganda gubernamental contratada en el DF (la ley prohíbe difundir cualquier propaganda gubernamental en periodo de campaña). Pequeño gran detalle.

La cereza en el pastel fue el caso de TV Azteca, que ya había reconocido que sí podía “bloquear” en sus repetidoras de Oaxaca, pero decidió que ya no quería hacerlo precisamente durante el proceso electoral local 2010 y le comunicó al IFE que había retirado sus equipos “bloqueadores” de esa entidad, por lo que solicitaba atentamente que no se le incluyera en los pautados oaxaqueños, lo que hubiera implicado que en lugar de transmitir 48 minutos diarios desde el día de arranque de las precampañas estatales, y hasta el día de la jornada electoral, sólo difundiera los pautados ordinarios nacionales de los partidos, que corresponden a menos de 6 minutos al día.

El IFE negó esa petición sui géneris, pero antes revisó en su monitoreo grabaciones para comparar la señal local de Azteca en Oaxaca con la del DF, y demostró que transmitía contenidos diversos. Así, la autoridad descubrió que en más de 40 casos concesionarios que aseguraban no bloquear la señal nacional, en realidad sí lo hacían.

El caso de Azteca en Oaxaca es fue un punto de quiebre para replantear las excepciones, y dejó claro que ningún concesionario que incumpla las pautas argumentando problemas técnicos para bloquear, se irá libre de sanción. Así ocurrió con los incumplimientos en Oaxaca que Azteca justificaba argumentando imposibilidad técnica para bloquear (la sanción se dio por mayoría de votos pese a que algunos por ignorancia, y otros por dolo, aseguraban que se le perdonaría esa infracción a la televisora aprovechando que en el Estado se había reconocido la problemática técnica, esa sí real, de una emisora comunitaria).

Primer paso: Baja California Sur

La necesidad de ajustar el criterio aludido en los párrafos previos, se puso por primera vez en la mesa del Consejo General del IFE cuando se aprobó la difusión del catálogo de emisoras para el proceso electoral que tuvo el estado de Guerrero el año pasado, pero sólo se externaron preocupaciones, aunque hubo consenso para realizar dictámenes técnicos y revisar la pertinencia de continuar o modificar las excepciones.

El 28 de junio de 2010 vino un primer esfuerzo. El Comité de Radio y Televisión del IFE aprobó el Catálogo de emisoras que participarían en el proceso electoral 2010-2011 en Baja California Sur. El PRD lo impugnó porque en él no se consideraba, de la misma forma como no se había hecho en todos los catálogos anteriores, a varias repetidoras de Televisa y Televisión Azteca como susceptibles a pautados locales, ya que a juicio del Comité persistía la imposibilidad técnica de bloqueo de su señal original emitida desde el Distrito Federal.

Al resolver la impugnación presentada por el PRD, el Tribunal Electoral revocó el catálogo a través de la sentencia con clave SUP-RAP-100/2010, por considerar que no se encontraba suficientemente fundado y motivado (típica forma en la que el Tribunal se lava las manos en casos polémicos). Es decir, regresó el catálogo no para que se incluyera a las repetidoras en los pautados, sólo para poner un mejor fundamento y referencias legales para justificar que se dejara de pautar señales con cobertura en el estado.

Por ello, el 22 de julio, al discutirse el proyecto de acuerdo por el que se difundiría el mismo catálogo aprobado de nueva cuenta por el Comité en acatamiento a la sentencia (por ley el Comité hace y aprueba catálogos, el Consejo sólo su difusión, no los catálogos en sí), el Consejo General decidió ejercer la facultad de atracción prevista en el artículo 76 del COFIPE, a efecto de incorporar al Catálogo de Baja California Sur aquellas emisoras que el Comité no había considerado por el criterio de la imposibilidad técnica de bloqueo.

Así, el Consejo, por mayoría de votos (sólo votaron en contra los entonces integrantes del Comité), aprobó el acuerdo con clave CG275/2010, y en él, dio como plazo a todas las emisoras que no pudieran (o dijeran no poder) bloquear su señal en la entidad, para realizar los ajustes técnicos conducentes que les permitieran sí hacerlo, hasta un día antes del inicio de las campañas en Baja California Sur. Otra vez, a diferencia de lo que siguen afirmando algunos, fue una decisión razonable, no intransigente.

Se trataba de la primera modificación al criterio original en materia de "bloqueos", pero no prosperó, debido a que el 8 de septiembre de 2010 el Tribunal nuevamente revocó ese catálogo, ahora argumentando que el Consejo debía ajustarse al principio de certeza que establece el artículo 41 Constitucional, por lo que, a su juicio, no podía ejercer la facultad de atracción para modificar el catálogo e incluir a emisoras que antes fueron reconocidas como incapaces de bloquear, debido a que el Comité ya había aprobado previamente un catálogo reconociendo la imposibilidad de bloquear señal. En otras palabras, el Tribunal otra vez no se pronunció en el caso Baja California Sur respecto al fondo del asunto como sí lo hizo el Consejo General del IFE.

El meollo era definir si todas las concesiones y permisos, sin excepción, debían o no bloquear sus señales, pero los magistrados dieron más importancia al procedimiento a través del cual se había ejercido la facultad de atracción y con ello, La Paz, capital de Baja California, se quedó sin pautas locales en las principales televisoras.

Nuevo criterio: Navidad en Coahuila

El 17 de Noviembre, el Comité aprobó un nuevo catálogo de emisoras, ahora para el proceso electoral de este año en Coahuila. Ese catálogo incluyó a todas las emisoras que antes habían dicho no poder bloquear su señal, aunque no había un dictamen técnico de cada una, sí se contaba con grabaciones que mostraban que, cuando menos dos emisoras de la entidad transmitían contenidos diferenciados a la señal del DF pese a que aseguraban no bloquear.

El catálogo de Coahuila estableció que tendrían pautados locales todas las señales que se vieran y escucharan en el territorio de la entidad, y por lo tanto tendrían obligación de sí bloquear todas las repetidoras. Ese fue el cambio de criterio formal a lo que se había hecho en todos los demás catálogos.

Naturalmente fue impugnado por las televisoras afectadas, pero el 24 de diciembre de 2010 (en plena navidad), el Tribunal resolvió avalar el nuevo criterio.

Los magistrados, luego de revisar -ahora sí- el fondo de los argumentos expuestos por las empresas (con expedientes SUP-RAP-215/2010 y SUP-RAP-215/2010), confirmaron en sus términos el catálogo aprobado por el Comité.

En la impugnación, Televimex SA de CV (Televisa), TV Azteca y Radio Televisora de México Norte SA de CV, argumentaron que: 1. Tenían incapacidad técnica para bloquear contenidos nacionales en algunas repetidoras locales por no contar con equipos de bloqueo; 2. Que el acuerdo del Comité de Radio y Televisión era ilegal por la situación que vive el IFE respecto al no nombramiento de tres consejeros electorales y 3. Que no está regulada la obligación de los concesionarios a instalar equipos técnicos para "bloquear" o diferenciar su señal de cadena nacional en repetidoras locales, por lo que, a su juicio, tienen la libertad de elegir si instalan o no dichos equipos que representan una carga económica adicional.

La sentencia del Tribunal reflexiona sobre lo anterior que el catálogo de Coahuila sí está apegado a las disposiciones de ley, y que la obligación constitucional y legal para que cada señal de radio y televisión transmita las pautas locales o federales en materia electoral, según sea el caso, implica que los titulares de la concesión hagan lo necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación.

Este nuevo criterio ha quedado firme, sin embargo, todavía no es de aplicación general, porque se ha venido utilizando cada vez que se aprueba un nuevo catálogo específico para una contienda local.

¿Debe pautarse entonces una emisora que transmite de forma íntegra la señal nacional para las Islas Marías? Yo creo que no. Pero La Paz, Saltillo, Toluca, Morelia, Durango o San Luis Potosí no son islas.

@lmcarriedo

 

Publicado en Medios y Democracia

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